Los pueblos tienen derecho a decir no Guadalupe Espinoza Sauceda y Marco von Borstel

Las leyes que rigen la convivencia humana tienen como principio el derecho que tenemos todas las personas para decidir nuestra forma de vida, nuestro presente y nuestro futuro. Dentro de esta raíz está el derecho a decir sí o no a cualquier propuesta que se nos haga, que modifique o afecte nuestra vida, esto es parte de las garantías que supuestamente tenemos por vivir en una sociedad organizada y democrática.

En el caso de la lucha de los afectados por la presa El Zapotillo, César Coll Carabias, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) y otros funcionarios estatales dicen que los habitantes que se oponen están siendo “manipulados” por gente externa, es decir, por organizaciones no gubernamentales e individuos que los acompañan y asesoran. Negándoles así, primero, la posibilidad de que sean los mismos pobladores de estas comunidades los que han decidido libremente y por su propia voluntad oponerse a un proyecto que pretende modificar su forma de vida, su entorno y su futuro; y segundo, el derecho a decir no a una obra de supuesto desarrollo y progreso del cual ellos no participan y que devastará su ancestral territorio e historia. Es decir, estos funcionarios niegan la capacidad de pensar y organizarse de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y el derecho que tienen de buscar apoyo para hacer valer sus derechos y las leyes; intentan hacer creer a la opinión pública que la resistencia ante este proyecto es producto de unos foráneos que llegan a “manipular” las mentes de los habitantes de las comunidades, criminalizando a los defensores de derechos humanos y por tanto a la protesta social, pretendiendo deslegitimar así, a las personas concretas que habitan estos territorios, los cuales sufren al enfrentar a la autoridad ante su intento de imposición. De paso, buscan también sembrar la división al interior del movimiento opositor.

El gobierno debe entender que la gente tiene el derecho a decir no a lo que no quiere, a lo que no le gusta y a lo que no les conviene, es un derecho elemental en un Estado que se dice democrático y además es la base misma del derecho en sí. ¿Cómo es posible que no lo entienda el gobierno y se cierre a las diversas voces de rechazo a un proyecto que los desprecia como pueblos, que les ningunea su cultura, su identidad, sus querencias, su capacidad de razonar y a su idea de vivir juntos? ¿Por qué no lo entiende o acaso serán tan fuertes los intereses económicos y políticos que hay detrás de la presa El Zapotillo, que es preferible abandonar todo principio e imponerse a toda costa?

Si en estos días el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo junto con muchos otros movimientos y organizaciones sociales se han manifestado tanto en la ciudad de Guadalajara, como en varias otras ciudades de México y el mundo, sosteniendo un plantón al lado del predio de Talicoyunque, donde se construye el sitio para la reubicación de Temacapulín, es porque a estas comunidades no les ha han dejado otro camino. Han sido 5 años de un sin fin de acciones de exigibilidad, presión y denuncia, de interlocución con los tres niveles de gobierno, de recursos legales y argumentos sociales, patrimoniales, técnicos, ambientales y de sentido común ganados, pero el gobierno se niega a cumplir los acuerdos y dialogar directamente, presiona, hostiga y amenaza y no da marcha atrás en su idea de inundarlos y acallar su libre decisión.
Los funcionarios públicos implicados deben de reconsiderar su actitud prepotente de sometimiento de estas tres comunidades pequeñas, pero muy dignas, en aras de un supuesto beneficio para la colectividad. Ya lo han dicho diversos expertos en el tema hidráulico, que Guadalajara y León, que son las ciudades adonde se pretende llevar la mayor cantidad de agua de la presa El Zapotillo, desperdician más del 40% en fugas de su red, además de que las presas no son sustentables, ni son la mejor forma de manejo de agua y generación de energía. Si repararan sus sistemas de abasto y propio almacenamiento no sería necesario El Zapotillo y por ende estas tres comunidades no desaparecerían.

Algo de lo más absurdo en este caso, es que más allá de que existen alternativas de abasto para las ciudades sin la necesidad de matar más ríos, es que si la necedad de las autoridades es construir una presa por el beneficio económico que les genera, ellas mismas han aceptado que existen otros sitios para construir embalses en la misma cuenca, donde no se afectarían comunidades. Por lo que el proyecto de la presa El Zapotillo parece ser más el capricho de gobernantes empecinados en obtener ganancias, que una solución al problema de abasto del agua en las concentraciones urbanas ya mencionadas, más aún tomando en cuenta que su vida útil sería tan solo de 25 a 30 años y la comunidad de Temacapulín tiene catorce siglos de historia, y que por lo tanto, el perjuicio al patrimonio cultural de todos los mexicanos sería incalculable.

Ante la cerrazón y tozudez del gobierno, el pueblo tiene el inalienable derecho de manifestarse y hacer todo lo que esté a su alcance para defenderse y hacer valer sus derechos. Las autoridades, que debieran representar y salvaguardar los intereses de la población, hablan de legalidad actuando por encima de sus propias normas, recomendaciones de derechos humanos y acuerdos internacionales firmados y ratificados por nuestro país; dicen que todo se debe de hacer dentro de lo legal, cuando descaradamente hostiga, amenaza, menosprecia, engaña y criminaliza al movimiento, retorciendo las leyes y mintiendo a la opinión pública, con una impunidad inverosímil, haciendo caso omiso al derecho que tienen las comunidades a ser consultadas de forma libre e informada en caso que un megaproyecto afecte sus vidas.

Es importante recordar que no todo lo legal es verdad y mucho menos es justicia y que en nuestro país existen muy pocas herramientas jurídicas para la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural; no obstante las comunidades han optado por una defensa pacífica y firme de su territorio, buscando todos los medios legales de que pueden disponer para hacer valer su derecho de decidir, pero el gobierno usa una muy cuestionable legalidad no para conceder derechos, sino para aplastarlos y negarlos.

La autoridad defiende el proyecto a través de discursos intransigentes, intereses muy cuestionables, en contra de argumentos sólidos en una lucha legítima en defensa del territorio y la vida y desconoce el principio básico del orden de la sociedad, el derecho originario e inalienable de los pueblos de decidir su destino y su presente.

Los pueblos tienen el derecho de decir no.