En el DF existen alrededor de 100 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades, muchos de ellos solo existen jurídicamente, ya que no tienen tierras porque se los ha tragado la mancha urbana. Los núcleos agrarios están situados principalmente en el sur del DF en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Cuajimalpa, Tlalpan y Álvaro Obregón.

Milpa Alta es uno de los principales pulmones de la ciudad de México que confiere viabilidad ambiental a esta gran metrópoli. Ubicada al sur de la ciudad, es una comunidad agraria grande y una de las 16 delegaciones políticas que componen al Distrito Federal.

En la actualidad, la delegación de Milpa Alta se divide en doce poblados, que son: San Agustín Ohtenco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, Santa Ana Tlacotenco, San Antonio Tecómitl, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pedro Atocpan, San Salvador Cuauhtenco, San Pablo Oztotepec, San Juan Tepenáhuac, San Bartolomé Xicomulco y Villa Milpa Alta, esta última cabecera de la Delegación.

En lo relacionado con la tenencia de la tierra, de las 28,841 hectáreas que integran la Delegación, 24,857 han sido solicitadas como bienes comunales por las comunidades indígenas de Milpa Alta y sus ocho anexos, todos de origen chichimeca, así como por el pueblo de San Salvador Cuauhtenco, de origen xochimilca. Complementan la propiedad social cinco ejidos, que ocupan un área de 1,790-29-92 hectáreas. El resto de la superficie lo integra la propiedad privada y la superficie para equipamiento urbano y rural.

En cuanto a núcleos agrarios en la delegación de Milpa Alta existen cinco, los cuales fueron dotados de tierras como resultado de la reforma agraria. Dichos núcleos son: Santa Ana Tlacotenco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac y San Antonio Tecómitl.

El principal problema que tiene la comunidad agraria de Milpa Alta es el conflicto agrario que enfrenta con San Salvador Cuauhtenco. La indefinición jurídica de la propiedad sólo favorece el desarrollo de mercados informales de tierras, que castigan los precios de los ejidatarios y comuneros, pudiendo politizar los conflictos de tenencia de la tierra. Actualmente existe una franca urbanización con base en la venta ilegal de tierras comunales y ejidales; y a las autoridades agrarias no les ha interesado resolver el problema agrario.

Este conflicto según la visión de la comunidad de Milpa Alta tiene más de 250 años y no se ven visos de una posible solución. Los lugareños dicen que un convenio extrajudicial es difícil, por ello piden que se retome el expediente de reconocimiento y titulación de bienes comunales. En dado caso que se realizara una propuesta de solución tendría que consultarse a todos los pueblos integrantes de la comunidad de Milpa Alta. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de aproximadamente 27,000 hectáreas. Tendría que verificarse un diálogo profundo y un acercamiento entre ambas comunidades. En esta situación, en tanto, siguen siendo comunidades de hecho, lo cual les impide defenderse mejor de sus enemigos externos; se fomenta por ello en la práctica la venta de lotes pues sigue reinando una inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, ante lo cual el expansionismo urbano se aprovecha del conflicto agrario poniendo en peligro a los dos núcleos agrarios (Milpa Alta y San Salvador Cuauhtenco). A dicha situación se suma el perjuicio ambiental y ecológico que le causa al área metropolitana de la ciudad de México.

Ahora bien, ¿quién tiene la razón o la verdad histórica?, esto es algo difícil pues ambas comunidades presentan documentos y títulos que amparan sus tierras, los cuales han sido declarados por los peritos en la materia como auténticos. Lo que sí está claro es que es un problema muy viejo que se ha venido heredando de generación en generación, al cual no se le ven visos de una pronta solución, sobre todo por la enemistad manifiesta de ambas comunidades.

Desde que se instauró la reforma agraria en México, ya vamos para nueve décadas, el gobierno no ha podido o no ha querido resolver el problema. Obviamente no es fácil, pero debería haber más voluntad política para resolverlo. Desde mi perspectiva, en los últimos tiempos se ha hecho cada vez más difícil encontrar una solución, pues día a día los intereses sobre la tierra crecen y se entretejen más los conflictos. A esto se suma la situación que hay muchos actores sociales a los que no les interesa que se resuelva el conflicto, mientras que los verdaderos campesinos y comuneros, los que viven de la tierra, se mantienen interesados en una pronta resolución.

A esta indefinición jurídica de la propiedad social contribuyó el impacto de la reforma al artículo 27 Constitucional en el año de 1992, porque afectó a las comunidades por el hecho de que la tierra de propiedad social se pueda vender. A pesar de que el Procede no se ha aplicado en Milpa Alta, la mera posibilidad de compra-venta, propició la venta de tierra comunal y ejidal no para la agricultura sino para construir casas.

Por otro lado en la zona rural del Distrito Federal se da constantemente una grave violación en la venta de tierras del derecho agrario, el ambiental y el de los pueblos indígenas y tal pareciera que nadie se da cuenta, pero esta es una práctica política deliberada del Estado mexicano, tendiente a vulnerar la propiedad social en esta gran mega urbe.