COMUNICADO DE PRENSA
EL MAPDER EXIGE RESPOSABILIDAD ADMINISTRATIVA
EN CONTRA DE CESAR COLL CARABIAS

Las calumnias, amenazas y falsas acusaciones en contra del sacerdote Gabriel Espinoza, por parte del Señor César Coll Carabias (La Jornada, 4 de junio de 2011), director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), no son apropiadas, ni en el marco de las funciones de un empleado público. Amenazar y calumniar en los medios de comunicación a miembros de la sociedad que reclaman sus justos derechos humanos, usar los medios para intimidar y criminalizar las aspiraciones legítimas por el cumplimiento de los derechos humanos y como funcionario, pone en riesgo la vida y la seguridad del sacerdote Gabriel Espinoza entre otros que, además de pretender desalojarlos incluso con lujo de violencia de sus legitimas viviendas y tierras, ahora se les acusa de delincuentes.

Las graves acusaciones de “alborotador”, “fanático” y “manipulador” de la gente y responsabilizarlo de cualquier brote de violencia que se pueda generar en oposición a la presa El Zapotillo, no sólo muestra la falta de respeto del empleado público, sino violación a los derechos humanos, al Estado de Derecho, acusaciones falsas, dolosas y graves que invitan a un linchamiento social y político con acusaciones ligeras y faltas de verdad cuando se ha llevado un proceso largo, y con pruebas contundentes por parte de muchos sectores sociales, políticos y académicos, sobre la ilegalidad e inviabilidad de la obra. El empleado público afirmó no entender la actitud del sacerdote que no es otra que asumir en coherencia los reclamos de la gente afectada y en defensa de la vida y la dignidad. Y se entiende al empleado público, ya que no será su conocida casa lujosa en Guadalajara la que se inundará, ni será su familia la que vivirá desplazada con violencia a las casas mal construidas en la terracerías de Cañadas de Obregón que su dependencia construye en la ilegalidad.

Ante las acciones de los empleados públicos y otras instancias de gobierno, transgresores de la ley, exigimos el Estado de Derecho y alto a la criminalización del movimiento social contra las represas. Algunos empleados públicos olvidan que son eso: empleados públicos, y que no cuentan con fuero constitucional. Consideran que son intocables ante la ley al hacer este tipo de acusaciones e intimidaciones saltando sus responsabilidades como funcionarios públicos.

Responsabilizamos al empleado público César Coll Carabias por la seguridad del sacerdote Gabriel Espinoza y de cualquier miembro del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Exigimos al gobierno del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco, al Gobierno Federal, no sólo la destitución inmediata del empleado público César Coll Carabias, y el deslinde de las responsabilidades en el marco de la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos (Título III, Capítulo I y II de dicha ley), sino además la cancelación definitiva de la represa El Zapotillo.

¡Exigimos cumplimiento de la ley, la cancelación de la represa El Zapotillo, Y la búsqueda de alternativas viables y sustentables para la gestión del agua en el país!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER)