COMUNICADO DE PRENSA
EL MAPDER EXIGE RESPOSABILIDAD ADMINISTRATIVA
EN CONTRA DE CESAR COLL CARABIAS

Las calumnias, amenazas y falsas acusaciones en contra del sacerdote Gabriel Espinoza, por parte del Señor César Coll Carabias (La Jornada, 4 de junio de 2011), director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), no son apropiadas, ni en el marco de las funciones de un empleado público. Amenazar y calumniar en los medios de comunicación a miembros de la sociedad que reclaman sus justos derechos humanos, usar los medios para intimidar y criminalizar las aspiraciones legítimas por el cumplimiento de los derechos humanos y como funcionario, pone en riesgo la vida y la seguridad del sacerdote Gabriel Espinoza entre otros que, además de pretender desalojarlos incluso con lujo de violencia de sus legitimas viviendas y tierras, ahora se les acusa de delincuentes.

Las graves acusaciones de “alborotador”, “fanático” y “manipulador” de la gente y responsabilizarlo de cualquier brote de violencia que se pueda generar en oposición a la presa El Zapotillo, no sólo muestra la falta de respeto del empleado público, sino violación a los derechos humanos, al Estado de Derecho, acusaciones falsas, dolosas y graves que invitan a un linchamiento social y político con acusaciones ligeras y faltas de verdad cuando se ha llevado un proceso largo, y con pruebas contundentes por parte de muchos sectores sociales, políticos y académicos, sobre la ilegalidad e inviabilidad de la obra. El empleado público afirmó no entender la actitud del sacerdote que no es otra que asumir en coherencia los reclamos de la gente afectada y en defensa de la vida y la dignidad. Y se entiende al empleado público, ya que no será su conocida casa lujosa en Guadalajara la que se inundará, ni será su familia la que vivirá desplazada con violencia a las casas mal construidas en la terracerías de Cañadas de Obregón que su dependencia construye en la ilegalidad.

Ante las acciones de los empleados públicos y otras instancias de gobierno, transgresores de la ley, exigimos el Estado de Derecho y alto a la criminalización del movimiento social contra las represas. Algunos empleados públicos olvidan que son eso: empleados públicos, y que no cuentan con fuero constitucional. Consideran que son intocables ante la ley al hacer este tipo de acusaciones e intimidaciones saltando sus responsabilidades como funcionarios públicos.

Responsabilizamos al empleado público César Coll Carabias por la seguridad del sacerdote Gabriel Espinoza y de cualquier miembro del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Exigimos al gobierno del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco, al Gobierno Federal, no sólo la destitución inmediata del empleado público César Coll Carabias, y el deslinde de las responsabilidades en el marco de la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos (Título III, Capítulo I y II de dicha ley), sino además la cancelación definitiva de la represa El Zapotillo.

¡Exigimos cumplimiento de la ley, la cancelación de la represa El Zapotillo, Y la búsqueda de alternativas viables y sustentables para la gestión del agua en el país!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
(MAPDER)

Temacapulín, Jalisco. A 23 de mayo de 2011

PRONUNCIAMIENTO

Ante el incumplimiento gubernamenal, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, hace de conocimiento a la sociedad nacional e internacional lo siguiente:

Que seguimos manteniendo nuestra voluntad de diálogo y nuestra firme convicción de que es posible encontrar una solución pacífica al conflicto social, que desde hace más de 5 años se vive en nuestras comunidades por la imposición autoritaria de La Presa El Zapotillo.

En un Estado constitucional y democrático de derecho, la resolución de los conflictos sociales debe llevarse por las vías legales y pacíficas y sobretodo cumpliendo con los compromisos y la palabra que se adquieren con las comunidades. Sin embargo el Gobierno Federal y Estatal han desatendido nuestras justas demandas, incumpliendo la normatividad nacional e internacional, violando nuestros derechos humanos, incumpliendo con sus obligaciones de Estado y con los compromisos que asumen con nosotros.

Hace tres años fue el rompimiento del acuerdo por parte del Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, de su obligación de consultarnos como pueblos sobre el Proyecto de La Presa el Zapotillo. Recordamos que en esa ocasión se comprometió que si el 50 más uno no estaba de acuerdo con el proyecto, la Presa El Zapotillo no se construiría; a tres años le decimos Sr. Gobernador que el indicador que usted estableció está superado, con la consulta comunitaria de Temacapulín demostramos que el 99.2% de la población está en contra la presa; el 99% rechaza la reubicación de nuestros pueblos; el 98.2% afirma no tener información por parte del gobierno, y el 96.1% reitera que continuará la lucha contra la presa. Es por ello que las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo reprobamos su administración y refrendamos los resultados de la “Consulta Comunitaria y de Buena Fe de Temacapulín”, realizada el 7 y 8 de enero del año en curso por nuestras comunidades, ante el incumplimiento de su palabra.

El incumplimiento de acuerdos es el pan de cada día, el último, el establecimiento de una Mesa Resolutiva, acuerdo pactado en el proceso de diálogo que sostuvimos con la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del 1 al 15 de abril. A esto se suma la NO demostración de la cancelación de las denuncias penales, por parte de la Secretaría de Gobernación. Las autoridades no han respondido a la altura de nuestras comunidades; sistemáticamente nos han hostigado, han amenazado, burlado y minimizado nuestra lucha.

A lo largo de estos años hemos demostrado a las autoridades y a los ciudadanos que siguen de cerca nuestro andar que somos un movimiento pacífico que defiende sus raíces, su historia, su cultura y territorio, que hemos usado todos los canales y las vías establecidas por un Estado que se denomina democrático, sin obtener mucho a cambio. Por ello convocamos a los pueblos de México y a muchos otros movimientos en defensa del territorio y los ríos, a la “REVOLUCIÓN DEL AGUA” desde noviembre del año pasado, porque queremos agua para todos/as y para siempre, porque nos oponemos a todo proyecto que genere conflictos y que no garantice el respeto a los derechos de todos los pueblos, demandamos proyectos que garanticen una gestión integral del agua, requisito que no cumple La Presa El Zapotillo.